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Uruguay
El gobierno del presidente José Mujica elabora un proyecto de ley que habilitará a los presos a trabajar en rubros como la construcción, industria láctea, vialidad y la poda de árboles en espacios públicos, según informó la prensa uruguaya. De acuerdo con la iniciativa, surgida en la órbita del ministerio del Interior liderado por el ex tupamaro Eduardo Bonomi, el 0,5% de los salarios de esos reclusos se destinará a un fondo para víctimas de delitos.
“Aquellos presos que no deseen trabajar no tendrán beneficios de reducción de penas como el ‘dos por uno’ –dos días de reclusión por cada uno de trabajo–. Es decir, deberán cumplir su sentencia hasta el final”, dijo al diario montevideano El País el director interino del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra.
Aunque los detalles del proyecto se informarán en los próximos días, se sabe que el ministerio tratará de que la mayor cantidad de presos adhieran a la iniciativa e intenten tomar un puesto en una de las tantas empresas que ya hicieron ofrecimientos de fuentes laborales para encarcelados.
Próximamente, el ministro Bonomi hará consultas sobre su contenido a la Suprema Corte de Justicia y a la oposición.
Con la intención de que la mayor cantidad de reclusos (de buenos antecedentes carcelarios) pueda plegarse a la iniciativa, técnicos del ministerio del Interior y de Presidencia, así como también profesionales de una consultora independiente, estudian la legislación con el objetivo de definir las condiciones de trabajo obligatorio para los presos y que ello no sea considerado trabajo forzado.
“Aquellos (presos) que se plieguen a la iniciativa no saldrán en forma indiscriminada; habrá un fuerte operativo de control”, aclaró Pereira Cuadra. En cuanto a esto, las autoridades ministeriales estudian el uso de tobilleras electrónicas que informarán de la ubicación del recluso beneficiado con la salida, gracias a un monitoreo por el sistema de posicionamiento global (GPS).
Pereira Cuadra explicó además que la intención es que los presos participen también en el Plan Juntos –plan de emergencia habitacional y caballito de batalla de la gestión del presidente Mujica– “haciendo puertas, ventanas, bloques de hormigón vidriado y adoquines para las veredas” y “reparen módulos del COMCAR (centro carcelario de las afueras de Montevideo), varias de cuyas celdas han sido ‘boqueteadas’”, lo cual permite a los presos internos trasladarse de un sector a otro durante la noche para comercializar drogas, rapiñar o vejar a otros internos”.
Entre un 7% y un 10% de los 9.000 presos que hay hoy en el sistema carcelario tienen el perfil para salidas a trabajar. “Se trata de una buena intención del Ministerio del Interior. Sin embargo, la medida deberá ser supeditada a una decisión de la Justicia”, dijo a El País el comisionado parlamentario Alvaro Garcé.
El sistema carcelario uruguayo viene, fundamentalmente desde hace diez años, mostrando signos de un agudo deterioro . Las condiciones de los penales y la de los propios presos que los habitan no generan posibilidad alguna de rehabilitación, afirman los expertos. Desde su asunción, el gobierno ha insistido en su deseo de modificar esa dura realidad.
Argentina
La nueva política de seguridad que implementó el Gobierno para la región metropolitana va camino a ser un otro típico caso de la “frazada corta” . Para completar la dotación de efectivos enviados al Gran Buenos Aires desde el 1° de enero, las autoridades nacionales decidieron trasladar a todos los gendarmes que estaban afectados al control y custodia de los trenes y estaciones ferroviarias.
Desde hace más de un mes, el sistema ferroviario se quedó sin la asistencia del personal de Gendarmería que estaba afectado a todas las líneas metropolitanas desde marzo de 2003.
Los casi 1.000 efectivos de Gendarmería que prestaban servicios de seguridad en las formaciones y sitios claves de la red ferroviaria fueron transferidos por el Gobierno al denominado “Operativo Centinela” con el cual la Nación pasó a reforzar los patrullajes y las tareas de prevención en el conurbano.
El Operativo Centinela, que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández por la cadena nacional el 20 de diciembre, fue una de las primeras medidas que puso en práctica la nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré.
En total fueron movilizados unos 6.000 gendarmes a los partidos del Gran Buenos Aires para trabajar en forma conjunta con la Policía Bonaerense.
Según explicaron las autoridades de Gendarmería, los operativos en el conurbano se focalizarán en “ la prevención, la disuasión y la presencia de efectivos para custodiar los sitios más conflictivos”.
Pese a que la Secretaría de Transporte se había comprometido a reemplazar la salida de los gendarmes con más efectivos de las policías Federal y Bonaerense hasta ahora eso no se concretó .
Ante los problemas que ya comenzaron a sufrir y los que podrían registrarse en el futuro, las concesionarias ferroviarias salieron a abrir el paraguas y reclamaron la urgente intervención del Gobierno para resolver el problema de seguridad que quedó planteado por el retiro de los gendarmes.
Por medio de una serie de notas remitidas en las últimas semanas al titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi; las empresas Trenes de Buenos Aires (línea Mitre y Sarmiento), Ferrovías (Belgrano Norte), Metrovías (Urquiza) y la UGOFE (la operadora de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur) advirtieron que la polémica medida perjudica tanto a los usuarios, como al propio Estado.
Las operadoras de los trenes metropolitanos precisaron que “ es responsabilidad indelegable del Estado la provisión, distribución y programación de las fuerzas con poder de coerción que puedan brindar la seguridad necesaria a los pasajeros, los trabajadores y las instalaciones fijas y móviles del sistema ferroviario”.
Las empresas señalaron que la situación planteada también genera perjuicios económicos porque en las estaciones ubicadas en la provincia de Buenos Aires los boleteros proceden a cerrar las ventanillas de expendio ante la ausencia de las fuerzas de seguridad.
“Al no contar con el personal de Gendarmería que estaba afectado a los andenes, no se sólo se ha descuidado la seguridad de los usuarios, sino también la custodia de los bienes y las instalaciones que el Estado dio en concesión”, destacaron las concesionarias.
Todas las compañías manifestaron su preocupación por las posibles usurpaciones que podrían registrarse en las playas operativas, talleres y depósitos que quedaron sin custodia tras la salida de los gendarmes.
En el caso específico de la línea Mitre, los sitios que fueron identificados como “críticos” y que están al descubierto son los depósitos de Victoria y Suárez, la playa de maniobras San Martín y los predios existentes entre las estaciones San Fernando y Tigre.
No solo que insisten con que gendarmeria haga un trabajo que no le corresponde! si no que la sacan de puntos claves!
Es lo que pasa cuando el pais lo maneja un manojo de MONTONEROS RESENTIDOS Y PARIAS! 
Estamos TAN cerca de uruguay y tan lejos de todos al mismo tiempo!
como nos quedamos atras!!! 
El gobierno del presidente José Mujica elabora un proyecto de ley que habilitará a los presos a trabajar en rubros como la construcción, industria láctea, vialidad y la poda de árboles en espacios públicos, según informó la prensa uruguaya. De acuerdo con la iniciativa, surgida en la órbita del ministerio del Interior liderado por el ex tupamaro Eduardo Bonomi, el 0,5% de los salarios de esos reclusos se destinará a un fondo para víctimas de delitos.
“Aquellos presos que no deseen trabajar no tendrán beneficios de reducción de penas como el ‘dos por uno’ –dos días de reclusión por cada uno de trabajo–. Es decir, deberán cumplir su sentencia hasta el final”, dijo al diario montevideano El País el director interino del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra.
Aunque los detalles del proyecto se informarán en los próximos días, se sabe que el ministerio tratará de que la mayor cantidad de presos adhieran a la iniciativa e intenten tomar un puesto en una de las tantas empresas que ya hicieron ofrecimientos de fuentes laborales para encarcelados.
Próximamente, el ministro Bonomi hará consultas sobre su contenido a la Suprema Corte de Justicia y a la oposición.
Con la intención de que la mayor cantidad de reclusos (de buenos antecedentes carcelarios) pueda plegarse a la iniciativa, técnicos del ministerio del Interior y de Presidencia, así como también profesionales de una consultora independiente, estudian la legislación con el objetivo de definir las condiciones de trabajo obligatorio para los presos y que ello no sea considerado trabajo forzado.
“Aquellos (presos) que se plieguen a la iniciativa no saldrán en forma indiscriminada; habrá un fuerte operativo de control”, aclaró Pereira Cuadra. En cuanto a esto, las autoridades ministeriales estudian el uso de tobilleras electrónicas que informarán de la ubicación del recluso beneficiado con la salida, gracias a un monitoreo por el sistema de posicionamiento global (GPS).
Pereira Cuadra explicó además que la intención es que los presos participen también en el Plan Juntos –plan de emergencia habitacional y caballito de batalla de la gestión del presidente Mujica– “haciendo puertas, ventanas, bloques de hormigón vidriado y adoquines para las veredas” y “reparen módulos del COMCAR (centro carcelario de las afueras de Montevideo), varias de cuyas celdas han sido ‘boqueteadas’”, lo cual permite a los presos internos trasladarse de un sector a otro durante la noche para comercializar drogas, rapiñar o vejar a otros internos”.
Entre un 7% y un 10% de los 9.000 presos que hay hoy en el sistema carcelario tienen el perfil para salidas a trabajar. “Se trata de una buena intención del Ministerio del Interior. Sin embargo, la medida deberá ser supeditada a una decisión de la Justicia”, dijo a El País el comisionado parlamentario Alvaro Garcé.
El sistema carcelario uruguayo viene, fundamentalmente desde hace diez años, mostrando signos de un agudo deterioro . Las condiciones de los penales y la de los propios presos que los habitan no generan posibilidad alguna de rehabilitación, afirman los expertos. Desde su asunción, el gobierno ha insistido en su deseo de modificar esa dura realidad.
Argentina
La nueva política de seguridad que implementó el Gobierno para la región metropolitana va camino a ser un otro típico caso de la “frazada corta” . Para completar la dotación de efectivos enviados al Gran Buenos Aires desde el 1° de enero, las autoridades nacionales decidieron trasladar a todos los gendarmes que estaban afectados al control y custodia de los trenes y estaciones ferroviarias.
Desde hace más de un mes, el sistema ferroviario se quedó sin la asistencia del personal de Gendarmería que estaba afectado a todas las líneas metropolitanas desde marzo de 2003.
Los casi 1.000 efectivos de Gendarmería que prestaban servicios de seguridad en las formaciones y sitios claves de la red ferroviaria fueron transferidos por el Gobierno al denominado “Operativo Centinela” con el cual la Nación pasó a reforzar los patrullajes y las tareas de prevención en el conurbano.
El Operativo Centinela, que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández por la cadena nacional el 20 de diciembre, fue una de las primeras medidas que puso en práctica la nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré.
En total fueron movilizados unos 6.000 gendarmes a los partidos del Gran Buenos Aires para trabajar en forma conjunta con la Policía Bonaerense.
Según explicaron las autoridades de Gendarmería, los operativos en el conurbano se focalizarán en “ la prevención, la disuasión y la presencia de efectivos para custodiar los sitios más conflictivos”.
Pese a que la Secretaría de Transporte se había comprometido a reemplazar la salida de los gendarmes con más efectivos de las policías Federal y Bonaerense hasta ahora eso no se concretó .
Ante los problemas que ya comenzaron a sufrir y los que podrían registrarse en el futuro, las concesionarias ferroviarias salieron a abrir el paraguas y reclamaron la urgente intervención del Gobierno para resolver el problema de seguridad que quedó planteado por el retiro de los gendarmes.
Por medio de una serie de notas remitidas en las últimas semanas al titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi; las empresas Trenes de Buenos Aires (línea Mitre y Sarmiento), Ferrovías (Belgrano Norte), Metrovías (Urquiza) y la UGOFE (la operadora de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur) advirtieron que la polémica medida perjudica tanto a los usuarios, como al propio Estado.
Las operadoras de los trenes metropolitanos precisaron que “ es responsabilidad indelegable del Estado la provisión, distribución y programación de las fuerzas con poder de coerción que puedan brindar la seguridad necesaria a los pasajeros, los trabajadores y las instalaciones fijas y móviles del sistema ferroviario”.
Las empresas señalaron que la situación planteada también genera perjuicios económicos porque en las estaciones ubicadas en la provincia de Buenos Aires los boleteros proceden a cerrar las ventanillas de expendio ante la ausencia de las fuerzas de seguridad.
“Al no contar con el personal de Gendarmería que estaba afectado a los andenes, no se sólo se ha descuidado la seguridad de los usuarios, sino también la custodia de los bienes y las instalaciones que el Estado dio en concesión”, destacaron las concesionarias.
Todas las compañías manifestaron su preocupación por las posibles usurpaciones que podrían registrarse en las playas operativas, talleres y depósitos que quedaron sin custodia tras la salida de los gendarmes.
En el caso específico de la línea Mitre, los sitios que fueron identificados como “críticos” y que están al descubierto son los depósitos de Victoria y Suárez, la playa de maniobras San Martín y los predios existentes entre las estaciones San Fernando y Tigre.
No solo que insisten con que gendarmeria haga un trabajo que no le corresponde! si no que la sacan de puntos claves!
Es lo que pasa cuando el pais lo maneja un manojo de MONTONEROS RESENTIDOS Y PARIAS!
Estamos TAN cerca de uruguay y tan lejos de todos al mismo tiempo!
como nos quedamos atras!!!
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