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Un trámite cuestionado
Verificación policial de vehículos: por casos de corrupción, le sacan el control a la Bonaerense
Hace dos meses desplazaron a 8 funcionarios por irregularidades. El trámite, en manos policiales desde hace 30 años, es obligatorio para operaciones de compra y venta de rodados.
Era un filón con ganancias para pocos que provocaba trastornos y complicaciones para muchos. La Verificación Automotor –trámite obligado en la compra y venta de vehículos nuevos o usados- ya no está en manos de la Policía Bonaerense y a partir de hoy comienza un plan de modernización de las plantas mecánicas para facilitar la gestión, hacer transparente el sistema y reducir costos irregulares que terminaban en los bolsillos de policías corruptos.
El gobierno provincial habilitará este mediodía un taller de verificación en Melchor Romero, donde se podrá realizar la pericia para constatar la autenticidad de motores y chasis. El trámite es obligatorio para quienes compren o vendan coches en la zona de la capital bonaerense.
El mecanismo de control de autos estuvo más de 30 años bajo control de la fuerza de seguridad. Se hacía en 45 plantas distribuidas en la Provincia y dirigidas por oficiales que pertenecían a la dirección de Registro de Verificación de Autopartes. Pero las autoridades constataron que allí había nichos de irregularidades y corrupción. Algunos ejemplos: el valor del trámite variaba según criterio de cada jefe. Podía costar entre $ 500, $ 850, o más. Esto incluía el cobro indebido de turnos; el sobrecosto del formulario “012” y una tarifa diferenciada del “servicio” realizado por los peritos policiales.
El control de las partes esenciales de los coches resulta un instrumento clave para combatir el mercado negro de los robados y reducir la capacidad de acción de los “reducidores”. Una función “demasiado importante” para dejarla en manos de policías, según la evaluación que hicieron en el Gobierno.
Las maniobras turbias incluían, además, la realización de revisiones en garajes particulares, en una terminal de ómnibus o en dependencias de bomberos o Defensa Civil.
La intervención de Asuntos Internos –a partir de denuncias anónimas- terminó, hace casi dos meses, con la detención de un oficial encargado de la planta de Villa Tesei y el desplazamiento de otros ocho funcionarios. En el despacho del jefe encontraron 200 mil pesos que serían de recaudación ilegal.
Ayer, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, informó a Clarín que, “en poco más de un mes, las plantas donde se realiza el 60% de las verificaciones estarán conectadas on line; el trámite se hará con la obtención de documentación por internet y los talleres estarán acondicionados para recibir en forma adecuada a los usuarios”.
Este mediodía se habilitará el predio de 160, entre 519 y 520, a 20 minutos del centro de la capital bonaerense. Estará María Eugenia Vidal, quien hace un año –cuando se conocieron las primeras denuncias contra funcionarios policiales- anunció el traspaso a manos de civiles del manejo de las verificaciones. Entonces, se creó una dirección provincial que depende del ministro. En los próximos 60 días, se inaugurarán otras 13 plantas. Según informó Ritondo, las obras prevén una inversión de tres millones de pesos por planta y tendrán equipamiento informático adecuado para “restablecer la credibilidad del servicio y la transparencia de gestión”. Las tareas administrativas las hará personal civil y los agentes de la Policía se encargarán de la verificación, peritajes y seguridad. “La provincia de Buenos Aires será la primera en contar con plantas de verificación acorde con los estándares que pretende la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA)”, aclaró el ministro.
Las certificaciones estarán homologadas por Nación. De esta manera, una verificación realizada en Ciudad de Buenos Aires servirá para la transferencia en provincia. Y a la inversa.
Las autoridades anunciaron una segunda etapa de la reforma del sistema. Terminará en un año y medio. Alcanzará a localidades y pueblos del interior donde se hace el 30% de los despachos obligatorios. Son unos 107 puestos más. En los sitios más pequeños, que no requieren la construcción de talleres, el ministerio enviará a los peritos verificadores un “kit de verificación” con las herramientas necesarias (linterna, elementos de limpieza y revenidos químicos) y una computadora portátil, un modem 4G –limitadas al uso exclusivo de sus tareas- con acceso seguro a internet.
La transformación del proceso de revisión mecánica tiene propósitos ambiciosos: las autoridades aseguran que cuando todo el sistema informático y los nuevos obradores funcionen a pleno, la gestión demorará “entre 15 y 20 minutos”.
Un trámite cuestionado
Verificación policial de vehículos: por casos de corrupción, le sacan el control a la Bonaerense
Hace dos meses desplazaron a 8 funcionarios por irregularidades. El trámite, en manos policiales desde hace 30 años, es obligatorio para operaciones de compra y venta de rodados.
Era un filón con ganancias para pocos que provocaba trastornos y complicaciones para muchos. La Verificación Automotor –trámite obligado en la compra y venta de vehículos nuevos o usados- ya no está en manos de la Policía Bonaerense y a partir de hoy comienza un plan de modernización de las plantas mecánicas para facilitar la gestión, hacer transparente el sistema y reducir costos irregulares que terminaban en los bolsillos de policías corruptos.
El gobierno provincial habilitará este mediodía un taller de verificación en Melchor Romero, donde se podrá realizar la pericia para constatar la autenticidad de motores y chasis. El trámite es obligatorio para quienes compren o vendan coches en la zona de la capital bonaerense.
El mecanismo de control de autos estuvo más de 30 años bajo control de la fuerza de seguridad. Se hacía en 45 plantas distribuidas en la Provincia y dirigidas por oficiales que pertenecían a la dirección de Registro de Verificación de Autopartes. Pero las autoridades constataron que allí había nichos de irregularidades y corrupción. Algunos ejemplos: el valor del trámite variaba según criterio de cada jefe. Podía costar entre $ 500, $ 850, o más. Esto incluía el cobro indebido de turnos; el sobrecosto del formulario “012” y una tarifa diferenciada del “servicio” realizado por los peritos policiales.
El control de las partes esenciales de los coches resulta un instrumento clave para combatir el mercado negro de los robados y reducir la capacidad de acción de los “reducidores”. Una función “demasiado importante” para dejarla en manos de policías, según la evaluación que hicieron en el Gobierno.
Las maniobras turbias incluían, además, la realización de revisiones en garajes particulares, en una terminal de ómnibus o en dependencias de bomberos o Defensa Civil.
La intervención de Asuntos Internos –a partir de denuncias anónimas- terminó, hace casi dos meses, con la detención de un oficial encargado de la planta de Villa Tesei y el desplazamiento de otros ocho funcionarios. En el despacho del jefe encontraron 200 mil pesos que serían de recaudación ilegal.
Ayer, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, informó a Clarín que, “en poco más de un mes, las plantas donde se realiza el 60% de las verificaciones estarán conectadas on line; el trámite se hará con la obtención de documentación por internet y los talleres estarán acondicionados para recibir en forma adecuada a los usuarios”.
Este mediodía se habilitará el predio de 160, entre 519 y 520, a 20 minutos del centro de la capital bonaerense. Estará María Eugenia Vidal, quien hace un año –cuando se conocieron las primeras denuncias contra funcionarios policiales- anunció el traspaso a manos de civiles del manejo de las verificaciones. Entonces, se creó una dirección provincial que depende del ministro. En los próximos 60 días, se inaugurarán otras 13 plantas. Según informó Ritondo, las obras prevén una inversión de tres millones de pesos por planta y tendrán equipamiento informático adecuado para “restablecer la credibilidad del servicio y la transparencia de gestión”. Las tareas administrativas las hará personal civil y los agentes de la Policía se encargarán de la verificación, peritajes y seguridad. “La provincia de Buenos Aires será la primera en contar con plantas de verificación acorde con los estándares que pretende la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA)”, aclaró el ministro.
Las certificaciones estarán homologadas por Nación. De esta manera, una verificación realizada en Ciudad de Buenos Aires servirá para la transferencia en provincia. Y a la inversa.
Las autoridades anunciaron una segunda etapa de la reforma del sistema. Terminará en un año y medio. Alcanzará a localidades y pueblos del interior donde se hace el 30% de los despachos obligatorios. Son unos 107 puestos más. En los sitios más pequeños, que no requieren la construcción de talleres, el ministerio enviará a los peritos verificadores un “kit de verificación” con las herramientas necesarias (linterna, elementos de limpieza y revenidos químicos) y una computadora portátil, un modem 4G –limitadas al uso exclusivo de sus tareas- con acceso seguro a internet.
La transformación del proceso de revisión mecánica tiene propósitos ambiciosos: las autoridades aseguran que cuando todo el sistema informático y los nuevos obradores funcionen a pleno, la gestión demorará “entre 15 y 20 minutos”.
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